A pesar de la postura categórica del país sobre las criptomonedas, un comité constituido por el Ministerio de Finanzas de la India, encabezado por el Secretario del Departamento de Asuntos Económicos (DEA), está trabajando en un conjunto de reglas y un plan de acción para permitir el uso de ciertos criptoactivos. Una vez que se finalicen los borradores de las propuestas, el proyecto de ley se presentará al Parlamento, informó el periódico local DNA India.
"El Comité está estudiando la posibilidad de utilizar criptomonedas o tecnología de contabilidad distribuida (DLT) en transacciones financieras y desarrollando la regulación necesaria para ello. Dado que la criptomoneda está completamente prohibida en el país, el comité está considerando otras oportunidades para su uso, que pretende incorporar a la corriente principal", dijo El secretario de la DEA, Subhash Chandra Garg.
Reconociendo el potencial y la utilidad de la tecnología blockchain, el Sr. Garg niega categóricamente cualquier uso de criptomonedas ahora y en el futuro, incluso en los sistemas de pago.
El comité emitió varias recomendaciones, advirtiendo a los ciudadanos sobre los riesgos. asociado a la criptomoneda, que las autoridades del país no reconocen como moneda como tal. Sin embargo, Garg cree que el gobierno bien podría permitir la cripto-tokenización, que, si se adopta, no reemplazará a la moneda fiduciaria:
"Una persona necesitará pagar dinero físico para comprar un token, que puede almacenarse como un código en cualquier teléfono móvil básico. Incluso podría usarse para transferencias de dinero. Por lo tanto, es fácil de implementar tanto desde una perspectiva tecnológica como regulatoria. Pero en el caso de la criptomoneda, primero debe ser autorizada como moneda de curso legal".
El Comité, entre otras cosas, analiza las posibles consecuencias de la legalización de las criptomonedas por parte del estado. Continúa el litigio sobre la prohibición por parte del Banco Central de la India de los servicios bancarios para empresas de criptomonedas, sin éxito para las partes afectadas. El tribunal pospuso recientemente la audiencia final sobre la orden judicial, originalmente programada para el 20 de julio, hasta septiembre de 2018.
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