La criptomoneda en Australia se legalizó oficialmente después de que la Oficina de Impuestos de Australia expresara su descontento porque los ingresos fiscales de las transacciones con bitcoin están eludiendo el presupuesto.
Al principio, Australia trataba al bitcoin como una mercancía, y las transacciones con él como trueque, y estaban sujetas al impuesto sobre bienes y servicios (GST). Según la ley actual, establecida en diciembre de 2014, los australianos pagaban dos impuestos sobre las transacciones de criptomonedas: una vez cuando compraban criptomonedas utilizadas en una transacción y otra por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) cuando las usaban como medio de pago. Las monedas digitales fueron tratadas como propiedad "intangible" según las reglas establecidas por la Oficina de Impuestos de Australia.
Esta doble imposición ha sido criticada muchas veces y, desde 2016, el gobierno australiano ha prometido abordar el problema.
Durante 2017, se aprobaron una serie de proyectos de ley y enmiendas a la legislación existente que pusieron fin a la doble imposición de las monedas digitales. Ahora tanto el bitcoin como otras criptomonedas se consideran “moneda extranjera”.
Con la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley, las transacciones de moneda digital ya no están sujetas al Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), pero aún están sujetas a impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, y todos los ingresos de las transacciones de criptomonedas deben incluirse en las declaraciones de impuestos.
Si simplemente paga por bienes o servicios en bitcoin, no hay impuesto sobre la renta ni impacto del GST, siempre que el precio total de compra no exceda los 10 000 dólares estadounidenses.
Solo el mercado para transferencias internacionales puede verse significativamente afectado. Australia tiene una lista de restricciones sobre países y territorios para enviar dinero. La legalización hace imposible anonimizar las transferencias e ignorar esta lista.
Las operaciones de compra o venta de cosas en Internet no son de gran interés para las autoridades fiscales.
Los intercambios de criptomonedas están sujetos a regulación desde julio de 2018, con inscripción obligatoria en el Registro de Intercambios Digitales. Sus actividades serán supervisadas por el Centro de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC), la principal agencia de inteligencia financiera de Australia. Esto hará que las plataformas de criptomonedas estén sujetas a las mismas obligaciones de presentación de informes y requisitos regulatorios que los grandes bancos.
Infringir la ley no solo conlleva el riesgo de multas que van desde $100 000 a $400 000.., pero también prisión de 2 a 7 años, según la gravedad de la infracción. Además, estas sanciones se aplican no sólo a los proveedores que operan sin licencia, sino también a sus clientes.
Proporcionar la información de identificación solicitada a las autoridades especiales también es una condición obligatoria para el trabajo de los operadores de criptomonedas. Los operadores de máquinas Bitcoin, de los cuales no hay más de 20 en Australia, temen que esto provoque el cierre de sus negocios porque no pueden proporcionar lo que se requiere.
Las leyes aprobadas el año pasado para eliminar la doble imposición, así como una enmienda a la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, han dado a Australia la oportunidad de hacer que el proceso de legalización de las criptomonedas sea más beneficioso para el gobierno que para los usuarios. Porque para los propietarios de criptoactivos, las nuevas iniciativas legislativas imponen restricciones y conducen a un control total, y para el Estado, se crea una nueva fuente de ganancias y la capacidad de controlar toda la industria.
Ahora se está desarrollando un marco para que los inversores y comerciantes no eludan sus responsabilidades fiscales.
Se están llevando a cabo una serie de consultas y seminarios externos con expertos en tecnología, abogados, especialistas en banca y finanzas para informar y ayudar a la comunidad a comprender sus obligaciones fiscales.
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