El presidente Joe Biden firmó la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura sin considerar los intereses del sector de las criptomonedas.
Las disposiciones incluyen nuevas definiciones del término “corredor”. Las definiciones ampliadas obligan a los participantes del mercado criptográfico, operadores de nodos y mineros a reportar información al regulador sobre todas las transacciones criptográficas por valor de más de $10,000. Sin embargo, ni los mineros ni los operadores de nodos tienen acceso a estos datos.
Este tema se ha convertido en el centro de una batalla de alto perfil en el Senado este verano. La enmienda obliga a todas las empresas, incluso las relacionadas indirectamente con las criptomonedas, a recopilar y transmitir a los reguladores los nombres, direcciones y transacciones de los clientes.
A los representantes de la industria de las criptomonedas les preocupa que, sin ajustes, la nueva ley asfixiará el desarrollo de la esfera en los Estados Unidos y empujará a los empresarios a migrar al extranjero.
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