Bajo la presión del G20, Corea del Sur se ve obligada a suavizar su estricta política con respecto al mercado de criptomonedas en general y a las ICO en particular.
La Directiva de los países participantes G20 pidió una regulación global del mercado de criptomonedas y la creación de “reglas unificadas” uniformes para julio de este año.
Siguiendo estas recomendaciones, Corea del Sur planea permitir que los intercambios de criptomonedas reciban el estatus de “corredores de activos digitales” y regulen sus actividades similar a las instituciones financieras tradicionales. Dicha regulación está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU) en cooperación con otros reguladores locales. Gracias a este desarrollo de los acontecimientos y a la aplicación de los procedimientos KYC, la industria de las criptomonedas tiene la oportunidad de obtener estatus legal como forma legal de inversión.
Los reguladores no se detuvieron ahí, y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur comenzará a revisar los principios generales de la regulación de las criptomonedas en el país. El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) subordinado a él también confirmó que no interfiere con el desarrollo de la criptoindustria en el país. Además, el departamento confía en que el país debería prestar más atención al desarrollo y la implementación de tecnologías blockchain.
En apoyo del rumbo elegido para el reconocimiento de las criptomonedas en el país, la Asamblea Nacional de Corea del Sur ya ha desarrollado un plan que incluye una serie de medidas para legalizar las ICO. Es posible que la prohibición total introducida anteriormente se levante en un futuro próximo.
Además, presumiblemente, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur se destacará como un sector separado de la economía, y los participantes del mercado de criptomonedas serán considerados instituciones financieras.
A pesar de estos cambios positivos, los reguladores FSC y FSS señalaron que su posición de ninguna manera va en contra de la opinión oficial del gobierno. Ambos departamentos no clasifican los criptoactivos como productos financieros tradicionales y destacan su carácter cada vez más especulativo. Por lo tanto, el proceso de regulación de la industria de las criptomonedas en el país requiere tanto de la coordinación de las posiciones departamentales nacionales como de la cooperación internacional.
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